Un “okupa» es quien comete un delito de
usurpación entrando a una vivienda ajena que no constituye morada, sin autorización de su titular
. Por tanto, un requisito esencial es que la vivienda “okupada” no esté habitada, para tratarse de un delito de
usurpación de vivienda, pues de lo contrario estaríamos hablando de un delito
de allanamiento de morada, acarreando este último penas de prisión de hasta dos
años.

El delito de usurpación de vivienda suele ser el supuesto
que se da con más habitualidad, y el más problemático a la hora de recuperar la
posesión de la misma, pues el mismo provoca un conflicto entre dos derechos: el
derecho a la inviolabilidad del domicilio que ampara
al “okupa”, y la posesión que deriva del derecho de propiedad, que corresponde
al titular de la vivienda
. Este conflicto de derechos resulta verdaderamente
problemático en el contexto social y económico que nos encontramos, pues mucha
gente se aprovecha de la protección legal que les ampara para disfrutar de una
vivienda a título gratuito, o bien realiza dicha conducta por carecer de
recursos y no poder acceder a una vivienda de otra manera. Ya sea por un motivo
u otro, no es el propietario de una vivienda el que debe pagar las
consecuencias de ello, y aguantar que sea desposeído de su propiedad, sin poder
disponer de ella, ya sea para alquilarla, venderla, cederle el uso a un
familiar, etc.

Por tanto, si el lamentable hecho
ha ocurrido, y un propietario se encuentra con una familia ocupando su
vivienda, el éxito y rapidez en el desalojo de la misma, dependerá de los pasos que decida seguir.

Si en el mismo instante que
tiene conocimiento de que su piso ha sido ocupado, avisa a la policía y cuando
acuden al domicilio se encuentran la puerta abierta, los agentes podrán desalojarlos
de inmediato, siendo ésta una situación afortunada.

En la mayoría de casos, la
puerta se encuentra cerrada y los «okupas» han cambiado el bombín o puesto candados, necesitándose para el desalojo una orden judicial, por lo
que con ello empezará un procedimiento judicial, pudiendo tardar más o menos
tiempo en practicarse el desalojo, dependiendo de si el propietario se persona
en dicho procedimiento con abogado o no.

Una vez iniciado el
procedimiento judicial, si el propietario de la vivienda comparece
en el mismo como acusación particular, contratando a un abogado y a un
procurador, en la fase de instrucción podrán presentar un escrito
solicitando como medida cautelar el desalojo de la/s persona/s que están
ocupando su vivienda, amparada en
el artículo 13 LECrim
. Asimismo, siempre que se demuestre su necesariedad,
proporcionalidad y presunción de buen derecho, el Juez de Instrucción acordará la medida cautelar,
para evitar que se mantenga la
situación ilícita derivada del presunto delito o el daño ya sufrido por el
perjudicado.

En el caso de que el propietario de la vivienda
ocupada decida no contratar un abogado para personarse como acusación particular, que solicite la medida cautelar de desalojo en la fase de investigación, es más
que probable que el desalojo no se practique hasta después de haber dictado
sentencia el Juez de lo Penal correspondiente, pudiendo tardar más de un año en
recuperar la posesión de su vivienda.

En
definitiva, si hay personas ocupando una vivienda de su propiedad y la policía
no ha podido desalojarlas, es muy importante que busque un buen asesoramiento
jurídico, ya que de ello dependerá la eficacia y rapidez del desalojo.

Miriam
Rodríguez Manyà

Advocada